Identidad y Gobierno Digital

Por: José Antonio Peña Martagón

Vivimos en una etapa caracterizada por el aprovechamiento masivo de los datos, el reconocimiento del potencial que ofrece la personalización de bienes y servicios, el uso de inteligencia artificial como parte de los modelos de negocio, el internet de las cosas, el uso de datos biométricos como esquemas de autenticación, entre otras tecnologías emergentes. Todo ello, como parte de lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial(1).

Sin duda dicho panorama se vio intensificado en ciertos aspectos bajo la actual pandemia, en donde brindar servicios por medios remotos en varios sectores se ha vuelto una necesidad para permanecer en el mercado.

Todo lo anterior, no sólo implica la transformación de las empresas y un cambio en los hábitos de los ciudadanos, también requiere de la transformación de los gobiernos hacia esquemas digitales para mejorar la experiencia de los gobernados mediante la prestación de servicios ágiles y eficientes; así como, procesos confiables mediante el uso de plataformas digitales, en donde reducir el contacto físico sea la prioridad.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo “en América Latina, menos del 30% de los trámites pueden hacerse enteramente en línea, y únicamente el 7% de los ciudadanos realizó en línea su último trámite con el gobierno”(2). Ello, en comparación con Europa, en donde el índice de disponibilidad online para servicios básicos alcanza un 74%(3).

Por su parte, en México existe una Iniciativa de Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital que, entre otros aspectos, busca establecer las bases para la implementación de una Cédula Digital de Identidad por parte de la Secretaría de Gobernación. No obstante, la iniciativa no ha avanzado, ésta originalmente se presentó a la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2018 y se quedó en Comisiones desde dicha fecha y todavía recientemente, el 19 de marzo de 2020, se presentó una iniciativa en alcance también en dicha Cámara (todavía en Comisiones).

Por ello, implementar un Gobierno Digital sin duda representa un reto; sin embargo, entre otras ventajas, un Gobierno Digital:

1. Facilita la integración de información, de tal suerte que bases de datos interconectadas permitirían que diversas dependencias y entidades gubernamentales compartan información y, en consecuencia, serían menos los datos que se recaban de los ciudadanos, lo cual reduce favorablemente el número de trámites y la fricción que éstos generan sobre los ciudadanos.
2. Ve una reducción de costos y ganancias en eficiencia derivadas del ahorro de espacios e infraestructura administrativa destinada al tratamiento y almacenamiento de documentos físicos y procesos administrativos.

Es importante no perder de vista de que no se trata de digitalizar al Gobierno per se, la transformación digital debe ser considerada como una herramienta para potencializar políticas públicas y la prestación de ciertos servicios en beneficio de la sociedad; lo cual, no excluye la posibilidad de mantener ciertos canales en forma presencial para mantener la continuidad del servicio (la solución debe ser congruente con el contexto local).

Bajo este escenario, la identidad digital juega un papel fundamental, ésta entendida  como  “los  elementos  de hardware  o  software  que  permiten  que  una  persona  se  identifique  y  sea  autenticada, obtenga los permisos para acceder a determinados recursos de información o físicos (por ejemplo, el acceso a un área) y  realice  transacciones  a  través  de Internet o  redes privadas”(4).

Para ello, los esquemas de autenticación fundamentalmente se han centrado en tres factores principales: (i) algo que el usuario sabe (una contraseña por ejemplo); (ii) algo que el usuario tiene (como un token o una tarjeta de identidad); y (iii) algo que el usuario es (como la biometría dactilar o de iris).

En ese sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo reconoce que la transformación digital y la implementación de una identidad digital es fundamental para trasladar los trámites hacia un ecosistema digital; así como, cerrar la brecha digital y hacer  que  el  acceso  en  línea  sea  fácil  para usuarios  con  distintos  niveles  de  capacidad  digital(5).

Así, la gestión de la identidad digital conlleva afrontar medidas en cuanto a privacidad, protección de datos y nuevos riesgos de fraude; por otro lado, también implica la necesidad de analizar y ajustar los esquemas de gobernanza, el marco legal aplicable y las tecnologías requeridas para afrontar tales riesgos.

1.  World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
2. https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/la-agenda-de-gobierno-digital-en-america-latina/
3. Datos al 2012, de acuerdo con el estudio “Public Services Online. Digital by default or by detour?”, Comisión de la Unión Europea: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23d5089b-4910-4cc5-b950-aeca2ffc4f8e
4. “La gestión de la identidad y su impacto en la economía digital”, Banco Interamericano de Desarrollo, 2017: https://publications.iadb.org
5.  “El Fin del Trámite Eterno, ciudadanos, burocracia y gobierno digital”, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018: https://publications.iadb.org

José Antonio Peña Martagón es abogado en derecho financiero, bancario, administrativo y protección de datos personales. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un Máster por la Universidad de Castilla-La Mancha (España), y recientemente cursó el Diplomado en “Fintech: Tecnologías de la Información y Disrupción Financiera” por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido asesor legal externo del área Legal Digital de uno de los importantes Bancos en México. En la actualidad labora en el área de contratos de una empresa con presencia a nivel internacional especializada en el desarrollo de programas y soluciones en la nube para el sector público y privado.