Identidad Digital en el Sector Inmobiliario

Por: José Antonio Peña Martagón

El robo de identidad es un tipo de fraude que se actualiza cuando una persona indebidamente se apropia de los datos personales de otra para hacer mal uso de ellos. Por ejemplo, para realizar cargos no reconocidos sobre líneas de crédito, adquirir bienes o servicios, y particularmente en el sector inmobiliario, para solicitar créditos hipotecarios, realizar operaciones de compraventa o arrendamiento de inmuebles.

Dicho lo anterior, se advierte que tanto propietarios de inmuebles como contrapartes en operaciones inmobiliarias (como los arrendatarios o compradores), son víctimas de este tipo de fraudes. 

Y es que, hoy por hoy, junto con los casos de robo de identidad, la situación inmobiliaria del país enfrenta retos aún mayores por la actual pandemia y es probable que la tendencia del mercado inmobiliario para este año apunte a una contracción, puesto que muchas personas postergan sus decisiones de compra o renta de viviendas. Ello, de acuerdo con diversas declaraciones de representantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). 

Sin embargo, el panorama no es del todo desolador, puesto que algunos expertos en el sector inmobiliario también consideran que éste tendrá una ligera recuperación considerando que la construcción se consideró como una actividad esencial operando bajo las medidas sanitarias pertinentes. 

Todo lo anterior, lleva al replanteamiento de las estructuras y modelos de negocio que giran en torno al sector inmobiliario en México. En donde los últimos registros señalan que tan sólo de 2018 a 2019 la búsqueda de inmuebles a través de internet se incrementó en un 27%. Ello, entre otros aspectos, implica también considerar esquemas dinámicos de colocación y donde la identidad digital sea una herramienta que permita contar con procesos seguros de identificación en cada etapa relacionada con este tipo de modelos de negocios (por ejemplo, al solicitar un crédito hipotecario o para identificar al arrendatario de un inmueble).

A gran escala, ello también trasciende en el sector financiero, donde por ejemplo Bancos y otras entidades financieras (por ejemplo, las Instituciones de Tecnología Financiera -Fintechs-), cuentan con elementos para la identificación remota de los clientes e abriendo incluso la posibilidad del uso de biométricos; aunque ello, requiere de un análisis integral de la regulación, caso por caso, y de reformas que garanticen su implementación. Por ejemplo, en los meses de julio y agosto de 2019 Banco de México sometió a consulta pública un anteproyecto de reformas, las cuales tenían un impacto en la forma en la que se recaba el consentimiento para fines de buró de crédito, incluyendo ampliar el uso de biométricos; sin embargo, a la fecha no se han publicado. Por su parte, en materia de identidad digital, existe una Iniciativa de Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital que, entre otros aspectos, busca establecer las bases para la implementación de una Cédula Digital de Identidad por parte de la Secretaría de Gobernación. No obstante, la iniciativa no ha avanzado, ésta originalmente se presentó a la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2018 y se quedó en Comisiones desde dicha fecha y todavía recientemente, el 19 de marzo de 2020, se presentó una iniciativa en alcance también en dicha Cámara (todavía en Comisiones).

Y es que en materia inmobiliaria, las consecuencias directas e indirectas de una suplantación de identidad pueden ser graves. A manera de ejemplo, si en un contrato de arrendamiento se desconoce la identidad real del arrendatario y éste se dedica a realizar actividades ilícitas dentro del inmueble (p. ej. secuestro), la Ley Nacional de Extinción de Dominio da derecho al Estado Mexicano a asegurar el inmueble y por lo tanto obliga al propietario a sujetarse a un proceso jurisdiccional para acreditar la tenencia legal del inmueble; así como, el arrendamiento de buena fe, es decir, probar que se desconocía la realización de las actividades delictivas.